Ya no estas
Vuelvo a escuchar esa canción que tanto nos gustaba.
Paso otra vez por donde quedaba aquel bar.
Veo a cientos de chicos formando fila en ese boliche que tan bien la pasábamos.
Hoy ese tema ya no suena en la radio.
El bar tampoco existe.
Y ese boliche aún sigue allí parado.
Sin embargo vos ya no estas.
Te veo solamente en fotos o recuerdos.
No se si volveré a cruzarte algún día o si jamás te encontraré.
Red de escritores en español
sábado, 8 de mayo de 2010
miércoles, 5 de mayo de 2010
otoño
Y bueno. Lentamente el otoño se va instalado entre nosotros. El calor de enero ya parece levantar vuelo para irse a otras regiones, las chicharras dejan de deleitarnos con su canto, el sol viene a visitarnos mas tarde y se va a acostar mas temprano, las copas de los árboles se visten de amarillo a la vez que cientos de hojas cubren las veredas dándole a la ciudad cierta magia pueblerina.
sábado, 1 de mayo de 2010
Nosotros y los insectos
Pensar que para nosotros los humanos esto que vemos aca son simples charcos o zanjones. Pero para los insectos pueden ser maravillosos paisajes o lugares para irse de vacaciones. Con buena cantidad de agua para refrescarse, piedras y pasto para tirarse a acampar y tomar sol, etc
sábado, 24 de abril de 2010
Cuenca Matanza-Riachuelo
Cuenca Matanza Riachuelo "Despojo de Residuos"
01-07-05 Por Jackeline Lorena Luisi *
Al Río se arrojan 8.500 toneladas de chatarra. Contiene, cascos de barcos, esqueletos de autos, basura de todo tipo y un fondo letal formado por numerosos metales pesados y sedimentados en concentraciones muy altas y muy alejadas de los porcentajes internacionalmente tolerados, con un espesor que llega a 7 metros de profundidad.
La Cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra localizada al noreste de la Provincia de Buenos Aires. Al Norte limita con la Cuenca del Río Reconquista, al sur y al oeste con la Cuenca del Río Salado y al este con el Río de la Plata. Tiene una longitud de alrededor de 60 Km y una dirección general sudoeste-noreste, y un ancho medio de 35 Km, cubriendo una superficie de 2200 Km2 hasta la desembocadura en el Río de La Plata.
La Cuenca del Matanza-Riachuelo comprende parte de la Ciudad de Buenos Aires y de los Municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente. Sus rasgos topográficos dominantes presentan claramente tres zonas definidas: llanura alta, llanura intermedia y llanura baja.
Efluentes de origen industrial
Todos los desechos arrojados al río que sean de origen industrial poseen una carga química no biodegradables y productos tóxicos sedimentables que permanecen en los cauces.
Según datos del CEAMSE, en 1990 de 662 establecimientos registrados en la Cuenca, 568 industrias (99% de los vertidos en la Cuenca), descargan sus efluentes sobre cursos de agua superficiales directamente o a través de sistemas pluviales. En 94 establecimientos industriales restantes (el 1% del total de industrias registradas), disponían los efluentes en el suelo, aportándole contaminación a la Cuenca a través de las napas subterráneas.
Como consecuencia de esto:
Contaminación del suelo, se trasporta por la suela de los zapatos al interior de las casas donde puede iniciar el proceso de intoxicación especialmente en los niños de pequeña edad cuando los mismos “gatean” en el suelo o cuando toman sus juguetes que descansan sobre el suelo ya contaminados y los mismos son introducidos en la boca.
En suelos agrícolas: Suelo, raíces y hojas contaminadas, de las plantas que podrían ser hortalizas, que van a las personas. También se perjudican los animales, en el caso de aves que toman su alimento.
El alto contenido de plomo en el suelo puede promover el desarrollo de comunidad microbiológica como hongos, bacterias, alterándose el suelo para ser utilizado para vegetales
Otro elemento para contaminación de plomo es la distribución de agua potable siempre y cuando las conexiones domiciliarias, desde la correspondiente tubería matriz, sean tuberías de plomo como ocurre en las ciudades de Lima y Callao.
Las poblaciones de los Asentamientos Humanos guardan el agua que compran en camiones cisternas en cilindros que han contenido aceite para motores de vehículos.
Conservas: Productos enlatados, en el proceso de fabricación de las planillas metálicas para luego ser procesados para formar las latas, de acuerdo a ciertas tecnologías industriales, se ha adicionado plomo a la mezcla metálica y de ahí la posibilidad de que sea un elemento generador de contaminación. Este ingresaría al tubo digestivo cuando lo ingerimos.
Más de 100 basurales en la Provincia de Buenos Aires y 10 en la Ciudad de Buenos Aires; que también trae aparejado: contacto directo con los residuos (cirujeo). Contactos indirectos por los vectores (moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, etc.). Transmisión por huertas o granjas (cerdos, aves, cultivos, etc). Contaminaciones de aguas superficiales y profundas por lixiviado. El agua del pozo está contaminada por los basurales, las filtraciones que comunican al Riachuelo con las napas freáticas y por los millones de pozos ciegos y cámaras sépticas que imperan en la zona, acentúa la generación de graves enfermedades.
Y como consecuencias de consecuencias...
El aire y el agua al contaminarse está “matando a 27.000 personas cada día”.
El 30% de mortalidad infantil tiene origen en enfermedades hídricas, evitables con el abastecimiento de agua segura.
La ONU señala que el 80% de las muertes en los países en vías de desarrollo derivan del consumo de agua NO POTABLE y de FALTA DE SANEAMIENTOS.
Agregando la carencia de agua en algunos barrios como por ejemplo el Barrio Santísima Trinidad que carece de agua. Utilizan agua de lluvia levantada en tanques, pero no alcanza. A veces no se pueden lavar y esto trae aparejado varias enfermedades cutáneas (Sarna, piojos, etc).
Los parásitos intestinales son especialmente frecuentes entre niños, que los contraen por contacto directo con el polvo del suelo, contaminado con huevos o por ingesta de alimentos crudos mal lavados. Son causa de anemia. Algunos pueden provocar daño en el hígado, pulmones y aún en el cerebro.
Moscas, portadoras de bacterias fecales en sus patas, contaminan alimentos, utensilios y superficies, provocando enfermedades diarreicas.
Mosquitos (por aguas estancadas). El más común es el culex pipiens. El mascado y la mala higiene llevan a una piodermitis. Y el Aedes aegypti, vector del dengue.
3 millones de personas mueren al año por aire contaminado.
Solo el 45% de los habitantes que viven en la zona de la Cuenca poseen cloacas y el 65% tiene agua potable.
Saturnismo: El plomo ingresado al organismo es transformado en sulfuro de plomo por las enzimas que metabolizan aminoácidos azufrados. Actualmente el método más usado y confiable para efectuar análisis en sangre es el de la espectrofotometria de absorción atómica en cámara de grafito.
El plomo bloquea primero la síntesis de hemoglobina y el efecto producido es la anemia, alterando el sistema de transporte del oxígeno a la sangre y hacia los demás órganos del cuerpo.
De la mayor parte del plomo que se acumula en el cuerpo humano, cerca del 50% se asocia a la hemoglobina concentrándose mayormente en los huesos, el 3% circula a través de la sangre, y solo una pequeña fracción queda libre en el plasma. Esta fracción pequeña es la que contribuye a la intoxicación inmediata. El proceso tarda 30 años para ser eliminado de los huesos.
La absorción del plomo tiende a aumentar cuando hay ausencia de calcio, hierro, potasio y zinc.
Ocasiona grandes daños neurológicos irreversibles al llegar al cerebro.
Saturnismo Hídrico: El que se absorbe a través del agua ingerida. El plomo no confiere gusto al agua ni a los alimentos.
Los síntomas de envenenamiento son: cefaleas, cólicos y náuseas. Anemia y debilidad. Estreñimiento y trastornos gastrointestinales. Parálisis en muñecas y tobillos. Incapacidad de lectura. Problemas psicomotores. Conducta antisocial, agresiva o delictual. En niños: dolor de cabeza y mareos. Dolor de barriga y náuseas. Dolor en nariz y garganta. Falta de apetito. Escozor y manchas en la piel. Ahogos. Cólicos y calambres. Cansancio y agresividad. Las consecuencias son: daños en el sistema nervioso central. Retarda el crecimiento por la lenta acumulación de plomo en los huesos. Disminución de la inteligencia. Retraso en el desarrollo motor. Deterioro de la memoria. Problemas de audición y equilibrio. En el caso de las mujeres con embarazo: al ser infectado el feto por el plomo a través de la madre puede provocarle una reducción en su inteligencia y un bajo peso al nacer, con el consecuente “deterioro en la calidad de vida de las generaciones futuras” .
En los niños con las mínimas concentraciones de plomo en la sangre ya pueden presentar síntomas como: vómitos, marcha descordinada, alteraciones del conocimiento y finalmente convulsiones.
”El doble de fallecimientos en niños de los partidos de la Cuenca en la provincia de Buenos Aires y en los Barrios de La Boca, Barracas y Villa Lugano de Capital Federal, respecto al promedio de toda la Ciudad de Buenos Aires”
Al momento de la quema en los basurales de la Cuenca, puede haber exposiciones peligrosas a hidrocarburos aromáticos policlorados que por contaminar el aire (dioxinas carcinogénicas), el agua y los alimentos, cuando se absorben, se acumulan en grasas corporales y son potentes carcinógenos. Los roedores aumentan el riesgo de leptospirosis y la hantavirosis generando la muerte en el 50% de los casos.
Mal de Chagas. Hidatidosis. Meningo-encefalitis. Tos Ferina. Diarreas. Escarlatina. Hepatitis. Varicela. Tuberculosis. Neumonía. Infección respiratoria. Desnutrición. Son parte de los egresos hospitalarios de enfermedades transmisibles por partidos vinculados a la Cuenca.
http://www.ecoportal.net/Contenido/Temas_Especiales/Contaminacion/Cuenca_Matanza_Riachuelo_Despojo_de_Residuos
jueves, 22 de abril de 2010
Glifosato
LAS CONSECUENCIAS EN LA POBLACION DEL HERBICIDA DEL MONOCULTIVO
Soja para hoy, enfermedad para mañana
El modelo sojero funciona sobre la base de un agrotóxico, el glifosato, denunciado por causar malformaciones a recién nacidos, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Varios estudios confirman el daño que produce en humanos. Los casos.
Por Darío Aranda
Ojos irritados. Dolor de cabeza y estómago. Vómitos. Piel –de manos, cara y piernas– en carne viva. Es la historia clínica de Maira Castillo, de sólo 4 años, que tuvo su primera intoxicación aguda con agrotóxicos, con posterior internación y terapia intensiva. La familia Castillo vive en Quimilí, integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), trabaja esa chacra desde hace cinco décadas y no duda en la causa de sus males: miran al campo vecino, millares de hectáreas con soja, y señalan una avioneta bimotor que fumiga con veneno. Miles de casos, y cientos de denuncias, se repiten desde hace diez años en decenas de provincias, pero siempre chocaron con la misma barrera legal, la falta de estudios que avalen el padecimiento campesino. Aquí, una serie de investigaciones que confirman el efecto tóxico y contaminante del glifosato, el herbicida más utilizado en la industria sojera. Todas las acusaciones apuntan al producto comercial Roundup –de la compañía estadounidense Monsanto, la empresa de agronegocios más grande del mundo–, acusado de provocar alergias, intoxicaciones, malformaciones, abortos espontáneos, cáncer y muerte. Campesinos, pueblos originarios, médicos rurales, bioquímicos e investigadores coinciden en las denuncias y responsabilizan al actual modelo agropecuario, de monocultivo, semillas transgénicas y químicos.
Soja, químicos y acusaciones
La soja sembrada en el país ocupa 16,6 millones de hectáreas de diez provincias y tiene nombre y apellido: “Soja RR”, de la empresa Monsanto. Se llama así porque es “Resistente al Roundup”, nombre comercial del glifosato. El químico se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorio.
Jesús María, Las Peñas, Sebastián Elcano, Villa del Totoral. Todos pueblos y ciudades del noreste cordobés donde las poblaciones rurales ancestrales sufrieron intentos de desalojos por parte de empresarios y productores sojeros. Quienes resistieron, organizados en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), este año sufre un nuevo embate: aviones fumigadores pasan sobres sus casas, arruinan los sembradíos, mueren los animales y la salud comienza a resentirse. “Ya hubo intoxicaciones. Después de cada fumigación tienen que ir al hospital. Lo que no pudieron hacer con las topadoras lo quieren lograr con el veneno para la soja”, afirmaron desde el MCC, integrante a nivel nacional del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Comunidades ancestrales acusan a la industria de los agronegocios de contaminar aire, agua, alimentos y suelo. Estudios médicos puntualizan en efectos agudos. “Los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, cambios de coloración de piel, quemaduras, diarrea, falla cardíaca, electrocardiogramas anormales y daño renal”, asegura una recopilación de estudios realizada por el médico de la UBA Jorge Kaczewer, especializado en ecotoxicología.
Las empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de Roundup por hectárea. Los campos argentinos fueron rociados el último año con 165 millones de litros del cuestionado herbicida. Un volumen similar al contenido en 330 mil tanques de agua hogareños.
Malformaciones y abortos
San Cristóbal es un poblado de quince mil habitantes en el norte de Santa Fe. En agosto de 2005, el intendente Edgardo Martino denunció que en el primer semestre del año se habían producido once nacimientos con malformaciones congénitas, y tres habían fallecido a los pocos días. También advirtió la existencia de otros tres casos en localidades vecinas. No aventuraba causas posibles, pero reconocía que todas las acusaciones apuntaban a las plantaciones de soja –y los agrotóxicos utilizados–, que habían crecido de forma exponencial en la última década.
En el mismo fenómeno habían fijado su interés un equipo multidisciplinario de profesionales. A partir de un estudio científico, realizado durante dos años y encabezado por el Hospital Italiano de Rosario, vincularon malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con exposiciones a contaminantes ambientales, entre ellos el glifosato y sus agregados. El estudio, a cargo del médico e investigador Alejandro Oliva, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y encontró “relaciones causales de casos de cáncer y malformaciones infantiles entre los habitantes expuestos a factores de contaminación ambiental, como los agroquímicos”.
El relevamiento confirmó que las funciones reproductivas, tanto femeninas como masculinas, son altamente sensitivas a diferentes agentes químicos de la actividad agrícola. También destaca que el efecto tóxico puede producirse mediante dos mecanismos: el contacto directo con la sustancia, o bien que los padres la hayan absorbido y transmitido a través de sus espermatozoides y óvulos a los hijos. Remarca que los factores ambientales, como la exposición a pesticidas y solventes, contribuyen a la infertilidad.
“Momento de parto. El bebé no llora. La madre desespera. El niño está muerto”, relata en su libro La soja, la salud y la gente el médico rural de Entre Ríos Gabriel Gianfellice que, aturdido por las muertes prenatales, los embarazos que no llegaban a término, los casos de cáncer y los arroyos sembrados de peces muertos –todo citado en su escrito–, comenzó a investigar qué sucedía en Cerrito –al noroeste provincial–, lugar donde vive desde hace 28 años. “Empezaron a aparecer dos patologías, la muerte de bebés durante el parto y muerte fetal precoz (situación donde se produce el embarazo, la bolsa, la placenta, pero no se produce el bebé), que aumentó en forma extraordinaria en toda la zona desde 1999”, asegura.
El bioquímico Eric Seralini, de la Universidad de Caen (Francia), descubrió que el glifosato mata una gran proporción de células de la placenta, aun en concentraciones menores a las utilizadas en agricultura. “Esto podría explicar la gran incidencia de partos prematuros y abortos espontáneos”, señaló. El médico e investigador Jorge Kaczewer remarcó que el estudio francés “confirmó que el Roundup siempre es más tóxico que su ingrediente activo, el glifosato”, y también confirmó que el herbicida provoca malformación congénita, muerte neonatal y aborto espontáneo.
Fumigaciones y cáncer
El Grupo de Reflexión Rural (GRR) censó diez pueblos con denuncias sobre contaminación con Roundup. El caso testigo fue el barrio Ituzaingó, en las afueras de Córdoba. Allí viven cinco mil personas, 200 de ellas padecen cáncer. El barrio, humilde, de casas bajas, está rodeado de monocultivo. Al este, norte y sur hay campos con soja, sólo separados por la calle. “En todas las cuadras hay mujeres con pañuelos en la cabeza, por la quimioterapia, y niños con barbijo, por la leucemia”, lamenta Sofía Gatica, integrante de las Madres de Ituzaingó (organización nacida a medida que las enfermedades se multiplicaban), que padeció la muerte de un bebé recién nacido (con una extraña malformación de riñón) y, en la actualidad, su hija de 14 años convive con dos plaguicidas en la sangre, intoxicación confirmada por estudios oficiales.
El relevamiento del GRR confirmó alergias respiratorias y de piel, enfermedades neurológicas, casos de malformaciones, espina bífida, malformaciones de riñón en fetos y embarazadas. En marzo de 2006, la Dirección de Ambiente municipal analizó la sangre de 30 chicos: en 23 había presencia de pesticidas. “En todas las familias hay algún enfermo de cáncer, de todo tipo, pero sobre todo de mamas, estómago o garganta”, relató Sofía, con veinte años en el lugar, y se larga con una lista de otras consecuencias: bebés sin dedos, con órganos cambiados, sin maxilares y cambios hormonales. “En mi cuadra hay una sola familia sin enfermos”, lamenta, y reconoce que todos quisieran dejar el barrio.
Otro de los pueblos censados fue Monte Cristo, Córdoba, donde sobre una población de 5000 personas, entre 2003 y 2004 se registraron 37 casos oncológicos, 29 malformaciones congénitas e innumerables fumigaciones. En Las Petacas, Santa Fe, 200 kilómetros al sudoeste de Rosario, viven 800 habitantes y en los últimos diez años hubo 42 casos de cáncer y 400 personas con alergias. Sólo en octubre de 2005 murieron cinco personas de cáncer y dos de leucemia. Todos acusan a las fumigaciones. Se repiten las historias en San Francisco (Córdoba) y San Lorenzo, San Justo, Piamonte, Alcorta y Máximo Paz (Santa Fe). “El cáncer se ha convertido en una epidemia masiva en miles de localidades y el responsables es sin duda el modelo rural. Es una catástrofe sanitaria impulsada por las grandes corporaciones”, denuncia el GRR.
Una historia oscura
Por D. A.
Monsanto es la empresa de agronegocios más grande del mundo, con ventas en 2006 por 4476 millones de dólares, controla el 20 por ciento del mercado de semillas. La empresa, que rechazó hablar con este diario, publicitaba que el Roundup era “biodegradable” y resaltaba el carácter “ambientalmente positivo” del químico. La Fiscalía General de Nueva York reclamó durante cinco años por publicidad engañosa. Recién en 1997, Monsanto eliminó esas palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dólares de multa. “Es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra Monsanto, incluyendo los 108 millones de dólares por responsabilidad en la muerte por leucemia de un empleado texano en 1986; una indemnización de 648 mil dólares por no comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos en 1990; una multa de un millón impuesta por el fiscal general del estado de Massachusetts en 1991 por el vertido de 750 mil litros de agua residual ácida; y otra indemnización de 39 millones en Houston (Texas), por depositar productos peligrosos en pozos sin aislamiento”, acusa el investigador. En Argentina, Monsanto cuenta desde 1956 con una fábrica en Zárate (Buenos Aires), donde radica su planta de producción de glifosato, la más importante de América latina. Publicidad corporativa asegura que controla el 95 por ciento del mercado de la soja sembrada en el país y, sobre el Roundup, festeja: “Es líder mundial en su especialidad y ha creado una verdadera revolución en la actividad agropecuaria de cientos de países”.
Las muertes y las dudas
Alexis, de un año y medio. Rocío y Cristian, ambos de 8 años. “Los primos Portillo”, como los conocían en el paraje rural Rosario del Tala, poblado de Gilbert, departamento entrerriano de Gualeguaychú. En siete años, de mayo de 2000 a enero de 2007, los tres fallecieron. Otra prima, Ludmila, de 18 meses, fue internada con un grave cuadro de intoxicación. Norma Portillo, mamá de Cristian, denunció la contaminación del agua y apuntó contra el uso de agroquímicos en las plantaciones de soja que rodean la vivienda familiar. Luego de cada fumigación, los chicos sufrían mareos, vómitos y dolores de cabeza. El 15 de enero de 2007, dos días antes de la muerte de Cristian, las avionetas habían fumigado durante todo el día.
La familia Portillo ya no se refresca en el arroyo cercano, ya no usa el agua de pozo para cocinar y beber y ya no habita donde siempre había vivido. Abandonaron su histórica vivienda hace un año y se trasladaron al pueblo. “Cuando fumigaban, nos encerrábamos en la pieza. Por días nos dolía la cabeza, picaba la garganta y ojos. Y si llovía, el arroyo bajaba con peces muertos. En el campo hay palomas, perdices y liebres muertas, nada deja el veneno”, explica Norma.
Por lo bajo, en la Dirección de Maternidad e Infancia de Entre Ríos ya hablan del “efecto sojero”. Las versiones oficiales, del hospital local y la Coordinación de Salud de Gualeguaychú, primero hablaron de consanguinidad de los padres (un matrimonio está conformado por primos hermanos), luego echaron culpas a “una bacteria desconocida” y más tarde al supuesto estado de desnutrición de los niños. “Es mentira. Somos pobres, pero la comida no les faltaba”, lamenta Norma, llora y se indigna: “Los sojeros nos envenenan, matan a nuestros hijos y resulta que la culpa es nuestra”.
TOXICOLOGÍA DEL GLIFOSATO: RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA
Dr. Jorge KaczewerUniversidad Nacional de Buenos Aires
Los herbicidas más comercializados en la República Argentina incorporan dentro de su fórmula al glifosato, en razón de que algunos cultivos transgénicos, como la soja por ejemplo, están manipulados genéticamente para desarrollar una resistencia a esa sustancia química. El presente artículo pasa revista a los riesgos que esa sustancia conlleva para la salud humana (toxicidad, efectos cancerígenos y reproductivos, acción mutagénica y contaminación de alimentos), al tiempo que alerta sobre las debilidades en los sistemas nacionales que regulan sobre la bio-seguridad.
Glifosato y herbicidas compuestos: Los argentinos deberemos enfrentar durante las próximas décadas las consecuencias de haber convertido al glifosato en el herbicida más vendido y utilizado en el país. Recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado como toxicológicamente benigno", tanto a nivel sanitario como ambiental. Por ende, los herbicidas en base a Glifosato pueden ser altamente tóxicos para animales y humanos. Estudios de toxicidad revelaron efectos adversos en todas las categorías estandarizadas de pruebas toxicológicas de laboratorio en la mayoría de las dosis ensayadas: toxicidad subaguda (lesiones en glándulas salivales), toxicidad crónica (inflamación gástrica), daños genéticos (en células sanguíneas humanas), trastornos reproductivos (recuento espermático disminuido en ratas; aumento de la frecuencia de anomalías espermáticas en conejos), y carcinogénesis (aumento de la frecuencia de tumores hepáticos en ratas macho y de cáncer tiroideo en hembras). A nivel eco-tóxico-epidemiológico, la situación se ve agravada no sólo porque son pocos los laboratorios en el mundo que poseen el equipamiento y las técnicas necesarios para evaluar los impactos del glifosato sobre la salud humana y el medioambiente.
CONCLUSIONES
Merece ser examinado un riesgo adicional para la salud humana planteado por la utilización de este tipo de herbicidas en base al glifosato: nuestra sociedad no ha desarrollado ninguna política o aparato para restringir efectivamente la competitiva carrera biotecnológica, o para regular apropiadamente sus productos o para guiarlos hacia rumbos más seguros o productivos. Esta deficiencia se relaciona también con la falta de criterio científico en la toma de decisiones y en el establecimiento de estándares en la reglamentación sobre bioseguridad. Es el riesgo sanitario resultante de la estrategia implementada por la industria de la transgénesis (basada en la ingeniería genética) para minimizar en el público los miedos ante los diversos riesgos aquí analizados y lograr rápidamente que la gente se acostumbre a comer alimentos transgénicos, una estrategia que en Argentina hoy se materializa bajo la forma de un plan denominado "Soja Solidaria".
Junto con la ayuda alimentaria de enormes raciones de soja elaborada como milanesa, hamburguesa, albóndiga, fideo, raviol, leche, yogur, y queso "de soja", ahora, casi 17 millones de argentinos empobrecidos y hambrientos también recibirán su dosis masiva de glifosato.... La implacable estrategia comercial de la industria nos permite anticipar cómo ésta visualiza su camino hacia un próspero futuro.... a costa de la salud de millones de personas ni siquiera todavía informadas de la existencia de este tipo de productos.
10 de octubre del 2002
Mas info en
http://www.mamacoca.org/FSMT_sept_2003/es/doc/kaczewer_toxicologia_del_glifosato_es.htm
Minerias
NOTA DE TAPA:
LA MINERÍA A CIELO ABIERTO, RESISTIDA POR LAS POBLACIONES CORDILLERANAS
Vil metal
Después de dos meses de tensión, Kuntur, un grupo de élite de la policía de Catamarca, desalojó a golpes, culatazos y balas de gomas a los vecinos de Andalgalá que sostienen el corte al paso de las camionetas de la megaminera Agua Rica, empresa que cuenta con permiso oficial para iniciar la explotación del oro, cobre y molibdeno que yace bajo las montañas catamarqueñas.
La policía cortó los accesos a la pequeña ciudad cordillerana, de unos 18.000 habitantes, impidió el paso de las cámaras de TV y de los abogados y médicos que intentaron acercarse para auxiliar a unos 300 asambleístas que fueron heridos y detenidos en la oscuridad del camino de tierra que conduce a la mina. La amenaza del intendente José Perea, vertida en una radio local, de matar a quienes mantuvieran el corte, parecía estar a punto de cumplirse gracias a la presencia del grupo Kuntur, creado en 2002 para actuar en «crisis de toma de rehenes, allanamientos complejos, custodias especiales, traslados de detenidos peligrosos», entre otras funciones que desplegaron frente a mujeres, niños y ancianos.
La violencia del desalojo provocó la reacción del resto del pueblo, y unas 6.000 personas se congregaron en la plaza central. Al poco tiempo, las oficinas municipales, el frente de la empresa Yamana Gold, propietaria de Agua Rica, varias camionetas y locales de proveedores de las mineras resultaron destrozados, lo que llevó al juez de Minas, Guillermo Cerda, a ordenar el «cese de actividades hasta nuevo aviso» en función de «preservar la paz social». De inmediato, el parte de noticias de Dow Jones Commodities informó del fallo que interesa a los accionistas debido a que Argentina es el tercer país en importancia minera del continente, después de Perú y Estados Unidos, y el volumen de las inversiones promete alcanzar 10.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, según publicaciones especializadas.
Fue tras impulsar un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca que los habitantes de Andalgalá se enteraron de la concesión en 2005 del terreno que se encontraba bajo sus propios pies para ser explotado por la empresa Billinton Argentina. En el expediente con que la Secretaría de Minería respondió al pedido de los vecinos figura, disimulada en una larga lista de 272 cateos, la concesión Pilciao 16, que «cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera, como la superficial». Esta novedad, que pone en riesgo la propia supervivencia de la ciudad, jamás se comunicó a sus habitantes, que la descubrieron el año pasado por su cuenta.
Sobre Andalgalá ya pesa desde hace más de una década minera La Alumbrera, considerada uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo. De acuerdo con un informe elaborado por el biólogo Raúl Montenegro para la Universidad de Córdoba, Minera Alumbrera Limited «utiliza 95 millones de litros de agua por día que obtiene en Campo del Arenal, una reserva de agua subterránea escasamente conocida. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25% de la energía eléctrica suministrada a la región del NOA y el 87% del consumo total de la provincia de Catamarca». Si se inicia Agua Rica, que duplica a su predecesora, los efectos de la explotación se multiplicarán sobre Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, pero Andalgalá, ubicada a escasos 17 kilómetros, no resistiría otro emplazamiento de esa envergadura.
Después de 12 años de minería, médicos del hospital local denunciaron la multiplicación de enfermedades respiratorias, leucemia y la detección de tres casos de un excepcional cáncer óseo, entre otras dolencias infrecuentes.
Tras la represión, los vecinos –pese a que varios están amenazados y enjuiciados– regresaron al corte, ubicado en Chaquiago, a seis kilómetros de Andalgalá, al costado de un camino de tierra donde todas las noches se turnan en guardias permanentes bajo un pequeño toldo sostenido por un algarrobo. El árbol da nombre a la asamblea compuesta por docentes, estudiantes, jubilados, comerciantes, amas de casa, en su mayor parte. Ahora Asamblea El Algarrobo intenta lograr la prohibición de las explotaciones mineras a cielo abierto en la ciudad. La realización de una consulta popular, otro de sus reclamos, fue recientemente aprobada por el Concejo Deliberante. El plebiscito, de carácter vinculante, se realizaría el 25 de mayo, aunque tanto el intendente Perea, como el gobernador Eduardo Brizuela del Moral, manifestaron su oposición. La experiencia del año 2003 de Esquel, en Chubut, cuando la minería metalífera cosechó el 81 por ciento de rechazo de los pobladores, impartió una lección de lo que implica la democracia directa que el gobierno municipal de Andalgalá no parece estar dispuesto a repetir.
Resistencias
Hoy el mapa de la conflictividad minera se superpone con la extensión de la cordillera de los Andes, donde se encuentran los minerales, pero también el agua de ríos, glaciares y acuíferos necesaria en millones de litros para la extracción de metales preciosos.
El avance de la actividad provocó el surgimiento de asambleas ciudadanas que rechazan las consecuencias del proceso extractivo en las localidades mineras. Lograr no ser desplazados y comprobar la contaminación que detectan con su experiencia es el principal desvelo de los asambleístas, que consultan a expertos, analizan informes geológicos, hidrológicos, legales, beneficios impositivos de la actividad, estudian los informes de impacto ambiental elaborados por las mineras, filman documentales de difusión y golpean puertas de despachos oficiales y de la justicia.
Las asambleas, que también se ocupan de las consecuencias de la sojización y otros conflictos socioambientales, se agrupan en distintos puntos del país por medio de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), una de las redes que ya organizó doce encuentros nacionales.
Yenny Luján es docente en La Rioja y pertenece a la asamblea de Famatina y Chilecito. Su mirada transparente y decidida reafirma sus palabras: «Se metieron con nuestras crías, con la vida de nuestros hijos y no lo vamos a permitir». Hace cinco años comenzó a investigar la minería porque sus alumnos estaban preocupados por la constante presencia de camionetas 4x4 con logos de empresas trasnacionales, que es la forma habitual en que las poblaciones se enteran de la presencia de emprendimientos mineros. «Famatina tiene una historia minera. Cien años atrás, La Mexicana, una empresa europea, se llevó absolutamente todo. Quedaron en la memoria histórica del pueblo los trabajadores muriendo y enfermándose por los efectos de la minería, muchísimas viudas, huérfanos, prostíbulos, la devastación de los bosques nativos, el quebracho y el algarrobo y nada de oro».
Cuando se dictó un curso de auxiliares de geología en la zona, los alumnos de Yenny comenzaron a hacer preguntas a los universitarios, que no sabían qué responder. «Los chicos preguntaban por sus historias familiares, que se fueron transmitiendo de generación en generación y que todavía están en el relato del pueblo. Hay muy pocos registros escritos». Ante las dudas generales, se organizaron en comisiones. «La principal fue la de investigación, que trajo un resumen a la semana siguiente. No lo podíamos creer. Cuanto más investigábamos, más bronca nos generaba, más ganas de ir a explicar a los demás lo que estaba pasando», cuenta. Al crecer la protesta, se acercó a la asamblea un equipo de la Secretaría de Minería local. «Les preguntamos cosas simples porque no teníamos mucho conocimiento y menos que menos lenguaje técnico. Cuánta agua van a gastar. Cómo van a dar tratamiento a los residuos tóxicos. Cuánto cianuro van a utilizar, dónde van a estar los diques de cola, qué van a hacer para evitar el desprendimiento del arsénico con las voladuras. No pudieron responder absolutamente nada. Entonces usaron una estrategia muy común en los equipos técnicos: trataban de envolvernos con conocimiento científico, con lenguaje difícil, con fórmulas. Y la gente les decía: “No hablen de leyes, ni de fórmulas, simplemente digan cuánta agua van a gastar y de dónde la van a sacar”. No sabían, temblaban como una hoja».
Así describe lo que pasa Andrea Burucua, abogada especializada en Derecho de los Recursos Naturales, quien participó de la redacción de la vetada ley de Protección de Glaciares: «La minería a cielo abierto es considerada la actividad más contaminante de las que puede realizar el hombre». La EPA –autoridad ambiental estadounidense– «la categoriza como la segunda amenaza ambiental después del cambio climático» y la prohíbe expresamente en su territorio. Sin embargo, en el país es impulsada como política de Estado. Hoy existen más de 403 proyectos mineros que representan un crecimiento del 907% en relación con 2003, según la Secretaría de Minería de la Nación. Pero Yenny Luján vive otra realidad: «El subcomandante Marcos dice que cuando ves lo que pasa, tenés que tomar una decisión. No te queda otra. No hacés nada o salís y enfrentás».
Y lo que hay que enfrentar no es desdeñable. Apenas en una de las exploraciones de La Rioja, existirían 200.000 onzas de oro como reservas probables, según datos de El Inversor Energético. La cotización del metal se eleva junto con la presión sobre las comunidades. «Los expertos de JP Morgan prevén que su tasación se afirme en torno a los 1.000 dólares por onza durante los próximos dos ejercicios», señala la misma publicación. No es de extrañar, entonces, la virulencia de los mineros contra la Asamblea de Famatina, que les impide el paso hacia el Cerro. Descalifican a sus integrantes como «perturbadas», debido a que la mayoría son mujeres.
Y lo que perturba a los asambleístas es el «open pit» o tajo abierto, un enorme hueco en la montaña con forma de caracol que se extiende hasta unos 500 metros de profundidad, tiene varias hectáreas de ancho e implica la remoción diaria de toneladas de roca para extraer oro, cobre y molibdeno, entre los minerales declarados. Estos metales «están asociados con otros minerales y la exportación de los mismos es a través de declaraciones juradas» explica Burucua, sin que exista un control sobre «el tipo y cantidad de minerales extraídos y exportados».
Los metales son separados de la roca mediante cianuro, ácido sulfúrico o arsénico –según se trate de cobre, oro o plata–, sustancias que se vuelcan por miles de litros para lograr la concentración del mineral. El agua contaminada se deposita en un dique de cola que funciona como basurero y es el foco de múltiples denuncias por provocar drenajes ácidos que filtran a las napas de agua y extienden la contaminación hacia los cursos de agua para consumo humano y agrícola. Montenegro explica que «estos drenajes son la peor amenaza de la minería. Aumentan el contenido de sulfatos y solubilizan (disuelven) metales pesados, facilitando su dispersión aguas abajo». Se trata de derrames por fuera de los diques que llevan el poético nombre de plumas contaminantes. Apenas en Pascua Lama, un megaemprendimiento binacional con Chile, cada gramo de oro implica la remoción de 4 toneladas de roca, 380 litros de agua, 840 gramos de cianuro, 1.104 gramos de explosivos, 43,6 kilowatts por hora de electricidad, detalla Marcelo Giraud, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea del Gran Mendoza por el Agua.
En su trabajo Minería y sustentabilidad, la abogada Burucua recuerda que «el primer estudio de impacto ambiental del proyecto Pascua Lama, del lado chileno, omitió la existencia de tres glaciares aledaños al yacimiento. Luego de una gran movilización y reclamo de la comunidad del Valle del Huayco, la empresa presentó un segundo estudio que contemplaba el traslado y reubicación de los cuerpos de hielo Esperanza, Toro 1 y Toro 2». Sin bien la propuesta de la empresa de trasladar tres glaciares «no fue aceptada por el Estado chileno, el solo hecho que Barrick Gold haya propuesto esa práctica como alternativa es más que alarmante. Nos dice mucho del respeto que sus miembros o técnicos tienen por la naturaleza y sus componentes».
Con respecto al agua, el volumen que utiliza la minería oculta lo que se conoce como «huella hídrica» y no se calcula en el costo ambiental del mineral extraído. «Es un indicador del uso directo e indirecto del agua. En el caso de la minería, es el volumen de agua empleada en la extracción y procesamiento del mineral y el desecho de la misma (ya contaminada)», señala el investigador Gian Carlo Delgado Ramos en el artículo «Minería, medio ambiente y pueblos», publicado en la revista Realidad Económica. Aunque la huella hídrica no figure en los balances, las paredes y las remeras la recrearon a través de la leyenda «El agua vale más que el oro».
Norma Giarraca, socióloga y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales, habla de «saqueo» como forma de producción de la minería extractiva. «No lo digo como un juicio de valor. Este modelo funciona como el modelo sojero. Ya no hay producción de alimentos sino commodities, se cotiza en bolsa, con gran influencia del capital financiero, se expulsa mano de obra, se concentra la propiedad. Se le saca todo lo que se puede a la tierra, a la naturaleza, y después migran a otro lado».
A raíz de los cateos mineros, se acercó a las asambleas ciudadanas de la UAC Pedro Orieta, joven abogado integrante de la organización Práctica Alternativa del Derecho, que colabora con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. «Nuestro conflicto sólo abarcaba el tema tierras y no tenía nada que ver con la contaminación ni con la minería». Hasta que la dirección de Minería de Santiago les notificó a unas 200 familias del departamento de Guasayán, en un críptico lenguaje legal, que la empresa Bolland Minera «manifiesta el descubrimiento de oro diseminado» en una propiedad de 43 hectáreas, «por lo que de acuerdo al Código de Minería de la Nación, se dispone de 30 días a fin de que comparezcan todos los que con algún derecho se creyeren, a deducirlo». Pero la realidad es otra para las familias campesinas del lugar. «No son titulares de dominio, son poseedoras, algo que el Código de Minería no contempla. Se notifica a los propietarios y técnicamente estas familias no lo son, viven de generación en generación en distintos lugares de la provincia. Siembran y crían ganado a campo abierto, sin alambres. No hay delimitaciones claras sobre los lotes y tienen una cierta organización y acuerdos implícitos mediante los cuales ocupan zonas según la época del año, o porque los animales de una familia van a pastar ahí». En semejante contraste entre las normas y la realidad, «al no tener títulos de propiedad, cualquiera puede escriturar para desalojarlos. Esto, cuando se hace de manera legal», explica Orieta.
Contra los pueblos
Estas circunstancias han llevado a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, a impulsar la incorporación de los delitos ambientales dentro del Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas. «Se busca la reforma del Estatuto de Roma para incluir en el tratamiento de crímenes contra los pueblos la contaminación, la destrucción del ambiente, de la biodiversidad y el uso irracional del agua, que está provocando grave daño a las comunidades para sancionar tanto a las empresas como a los gobiernos». Pérez Esquivel señala que «hoy los pueblos estamos en un estado de indefensión jurídica» y que en lo inmediato «hay que pedir la destitución de José Perea de su cargo como intendente de Andalgalá y abrir una causa penal por amenazas de muerte». Tras el conflicto con Meridian Gold en Esquel, se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá debido al origen de los capitales mineros en ese yacimiento. «Me contestaron que resuelva este problema con mi gobierno, porque las empresas van donde les conviene –relata–. No hacen caridad. Las leyes de Minería sancionadas durante el menemismo realmente son una aberración. Se llevan el 97% de los recursos, dejan devastación del ambiente, contaminación del agua y enfermedades y destrucción del pequeño y mediano productor rural».
Aunque la creciente presión de las poblaciones generó en siete provincias la sanción de normas que prohíben la minería a cielo abierto, Pérez Esquivel se refiere al paquete de leyes mineras que incluye la ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería, el Acuerdo Federal Minero y ley de Protección Ambiental. Entre otros beneficios, esta extraordinaria legislación permite a las mineras deducir el 100% del pago de ganancias por inversiones en prospección, exploración, estudios de suelos, ensayos y demás actividades destinadas a determinar la factibilidad de un emprendimiento. No deben liquidar divisas en el país. Gozan de amortización para las inversiones de capital. Están eximidas del impuesto al cheque. Cuentan con estabilidad fiscal por 30 años (en Perú el período es de 15 años y en Honduras es de 10). No pagan derechos por importación u otros tributos por la introducción de bienes de capital, equipos, repuestos y accesorios (las empresas alegan que estos insumos no se fabrican en el país).
La propia interesada realiza el cálculo de las regalías –que no pueden superar el 3% de las ganancias– mediante declaración jurada por el valor a boca de mina. Se les devuelve el IVA para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura en un plazo máximo de 60 días. Si exportan por puertos patagónicos, gozan de reembolsos estatales de un 5% como mínimo. Además, la Nación y las provincias productoras acordaron tomar medidas para evitar distorsiones en las tarifas de energía eléctrica, gas y combustibles que pudieran afectar la actividad minera, según un relevamiento del abogado ambientalista Enrique Matías Viale para la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería.
Durante una audiencia en el Congreso Nacional realizada tras el veto de la ley de Protección de Glaciares, el ingeniero Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros de San Juan, principal provincia minera del país, señaló: «En nuestra actividad hemos crecido en las exportaciones de uva, vino, pasas, y pagábamos todos los impuestos. En consecuencia, dennos las condiciones que le dan a la actividad minera metalífera y nosotros ponemos a riego por goteo a todo San Juan». Ramos apeló a una cita de un gobernador peronista, «gobernar es regar», y explicó que «toda el agua de San Juan está distribuida por ley. Cada productor tiene una cuota que no alcanza para regar toda la superficie que poseemos. Incluso, muchos de nosotros debemos perforar 330 metros para extraer el agua y así poder regar en zonas que no cuentan con derechos, pero este recurso también escasea». El viñatero expresó que la provincia cuenta con «un 25% de la tierra cultivable, que se puede regar, pero hay más de 400.000 hectáreas que no tienen agua. Existen kilómetros de desierto y no de montaña. Entonces, el argumento según el cual hay que explotar las montañas porque si no San Juan no es sustentable, también ha traído aparejado que se hayan aplicado políticas para que nuestra actividad no sea sustentable».
Yenny Luján, de La Rioja, dice que «con el tiempo entendimos que a las mineras no les interesa la licencia social. Les dijimos que no con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con ordenanzas y con leyes, y no les importa. Siguen avanzando y no van a parar hasta que nos hagan desaparecer, lo que nos ubica en un lugar de protección de nuestro territorio, entendido mucho más allá de la tierra. No vamos a conseguir que se vayan, porque para ellos son importantes los recursos naturales, la tierra y agua. Entonces, nuestra resistencia intenta la construcción de poder popular a partir de la autodeterminación». Por si la consigna «El Famatina no se toca» no fuera suficiente, esta menuda maestra riojana aclara: «O son ellos o somos nosotros. Nos han puesto en ese lugar».
Victoria Richter
Mas info en http://www.acciondigital.com.ar/15-04-10/informe.html
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LA MINERÍA A CIELO ABIERTO, RESISTIDA POR LAS POBLACIONES CORDILLERANAS
Vil metal
Después de dos meses de tensión, Kuntur, un grupo de élite de la policía de Catamarca, desalojó a golpes, culatazos y balas de gomas a los vecinos de Andalgalá que sostienen el corte al paso de las camionetas de la megaminera Agua Rica, empresa que cuenta con permiso oficial para iniciar la explotación del oro, cobre y molibdeno que yace bajo las montañas catamarqueñas.
La policía cortó los accesos a la pequeña ciudad cordillerana, de unos 18.000 habitantes, impidió el paso de las cámaras de TV y de los abogados y médicos que intentaron acercarse para auxiliar a unos 300 asambleístas que fueron heridos y detenidos en la oscuridad del camino de tierra que conduce a la mina. La amenaza del intendente José Perea, vertida en una radio local, de matar a quienes mantuvieran el corte, parecía estar a punto de cumplirse gracias a la presencia del grupo Kuntur, creado en 2002 para actuar en «crisis de toma de rehenes, allanamientos complejos, custodias especiales, traslados de detenidos peligrosos», entre otras funciones que desplegaron frente a mujeres, niños y ancianos.
La violencia del desalojo provocó la reacción del resto del pueblo, y unas 6.000 personas se congregaron en la plaza central. Al poco tiempo, las oficinas municipales, el frente de la empresa Yamana Gold, propietaria de Agua Rica, varias camionetas y locales de proveedores de las mineras resultaron destrozados, lo que llevó al juez de Minas, Guillermo Cerda, a ordenar el «cese de actividades hasta nuevo aviso» en función de «preservar la paz social». De inmediato, el parte de noticias de Dow Jones Commodities informó del fallo que interesa a los accionistas debido a que Argentina es el tercer país en importancia minera del continente, después de Perú y Estados Unidos, y el volumen de las inversiones promete alcanzar 10.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, según publicaciones especializadas.
Fue tras impulsar un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca que los habitantes de Andalgalá se enteraron de la concesión en 2005 del terreno que se encontraba bajo sus propios pies para ser explotado por la empresa Billinton Argentina. En el expediente con que la Secretaría de Minería respondió al pedido de los vecinos figura, disimulada en una larga lista de 272 cateos, la concesión Pilciao 16, que «cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera, como la superficial». Esta novedad, que pone en riesgo la propia supervivencia de la ciudad, jamás se comunicó a sus habitantes, que la descubrieron el año pasado por su cuenta.
Sobre Andalgalá ya pesa desde hace más de una década minera La Alumbrera, considerada uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo. De acuerdo con un informe elaborado por el biólogo Raúl Montenegro para la Universidad de Córdoba, Minera Alumbrera Limited «utiliza 95 millones de litros de agua por día que obtiene en Campo del Arenal, una reserva de agua subterránea escasamente conocida. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25% de la energía eléctrica suministrada a la región del NOA y el 87% del consumo total de la provincia de Catamarca». Si se inicia Agua Rica, que duplica a su predecesora, los efectos de la explotación se multiplicarán sobre Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, pero Andalgalá, ubicada a escasos 17 kilómetros, no resistiría otro emplazamiento de esa envergadura.
Después de 12 años de minería, médicos del hospital local denunciaron la multiplicación de enfermedades respiratorias, leucemia y la detección de tres casos de un excepcional cáncer óseo, entre otras dolencias infrecuentes.
Tras la represión, los vecinos –pese a que varios están amenazados y enjuiciados– regresaron al corte, ubicado en Chaquiago, a seis kilómetros de Andalgalá, al costado de un camino de tierra donde todas las noches se turnan en guardias permanentes bajo un pequeño toldo sostenido por un algarrobo. El árbol da nombre a la asamblea compuesta por docentes, estudiantes, jubilados, comerciantes, amas de casa, en su mayor parte. Ahora Asamblea El Algarrobo intenta lograr la prohibición de las explotaciones mineras a cielo abierto en la ciudad. La realización de una consulta popular, otro de sus reclamos, fue recientemente aprobada por el Concejo Deliberante. El plebiscito, de carácter vinculante, se realizaría el 25 de mayo, aunque tanto el intendente Perea, como el gobernador Eduardo Brizuela del Moral, manifestaron su oposición. La experiencia del año 2003 de Esquel, en Chubut, cuando la minería metalífera cosechó el 81 por ciento de rechazo de los pobladores, impartió una lección de lo que implica la democracia directa que el gobierno municipal de Andalgalá no parece estar dispuesto a repetir.
Resistencias
Hoy el mapa de la conflictividad minera se superpone con la extensión de la cordillera de los Andes, donde se encuentran los minerales, pero también el agua de ríos, glaciares y acuíferos necesaria en millones de litros para la extracción de metales preciosos.
El avance de la actividad provocó el surgimiento de asambleas ciudadanas que rechazan las consecuencias del proceso extractivo en las localidades mineras. Lograr no ser desplazados y comprobar la contaminación que detectan con su experiencia es el principal desvelo de los asambleístas, que consultan a expertos, analizan informes geológicos, hidrológicos, legales, beneficios impositivos de la actividad, estudian los informes de impacto ambiental elaborados por las mineras, filman documentales de difusión y golpean puertas de despachos oficiales y de la justicia.
Las asambleas, que también se ocupan de las consecuencias de la sojización y otros conflictos socioambientales, se agrupan en distintos puntos del país por medio de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), una de las redes que ya organizó doce encuentros nacionales.
Yenny Luján es docente en La Rioja y pertenece a la asamblea de Famatina y Chilecito. Su mirada transparente y decidida reafirma sus palabras: «Se metieron con nuestras crías, con la vida de nuestros hijos y no lo vamos a permitir». Hace cinco años comenzó a investigar la minería porque sus alumnos estaban preocupados por la constante presencia de camionetas 4x4 con logos de empresas trasnacionales, que es la forma habitual en que las poblaciones se enteran de la presencia de emprendimientos mineros. «Famatina tiene una historia minera. Cien años atrás, La Mexicana, una empresa europea, se llevó absolutamente todo. Quedaron en la memoria histórica del pueblo los trabajadores muriendo y enfermándose por los efectos de la minería, muchísimas viudas, huérfanos, prostíbulos, la devastación de los bosques nativos, el quebracho y el algarrobo y nada de oro».
Cuando se dictó un curso de auxiliares de geología en la zona, los alumnos de Yenny comenzaron a hacer preguntas a los universitarios, que no sabían qué responder. «Los chicos preguntaban por sus historias familiares, que se fueron transmitiendo de generación en generación y que todavía están en el relato del pueblo. Hay muy pocos registros escritos». Ante las dudas generales, se organizaron en comisiones. «La principal fue la de investigación, que trajo un resumen a la semana siguiente. No lo podíamos creer. Cuanto más investigábamos, más bronca nos generaba, más ganas de ir a explicar a los demás lo que estaba pasando», cuenta. Al crecer la protesta, se acercó a la asamblea un equipo de la Secretaría de Minería local. «Les preguntamos cosas simples porque no teníamos mucho conocimiento y menos que menos lenguaje técnico. Cuánta agua van a gastar. Cómo van a dar tratamiento a los residuos tóxicos. Cuánto cianuro van a utilizar, dónde van a estar los diques de cola, qué van a hacer para evitar el desprendimiento del arsénico con las voladuras. No pudieron responder absolutamente nada. Entonces usaron una estrategia muy común en los equipos técnicos: trataban de envolvernos con conocimiento científico, con lenguaje difícil, con fórmulas. Y la gente les decía: “No hablen de leyes, ni de fórmulas, simplemente digan cuánta agua van a gastar y de dónde la van a sacar”. No sabían, temblaban como una hoja».
Así describe lo que pasa Andrea Burucua, abogada especializada en Derecho de los Recursos Naturales, quien participó de la redacción de la vetada ley de Protección de Glaciares: «La minería a cielo abierto es considerada la actividad más contaminante de las que puede realizar el hombre». La EPA –autoridad ambiental estadounidense– «la categoriza como la segunda amenaza ambiental después del cambio climático» y la prohíbe expresamente en su territorio. Sin embargo, en el país es impulsada como política de Estado. Hoy existen más de 403 proyectos mineros que representan un crecimiento del 907% en relación con 2003, según la Secretaría de Minería de la Nación. Pero Yenny Luján vive otra realidad: «El subcomandante Marcos dice que cuando ves lo que pasa, tenés que tomar una decisión. No te queda otra. No hacés nada o salís y enfrentás».
Y lo que hay que enfrentar no es desdeñable. Apenas en una de las exploraciones de La Rioja, existirían 200.000 onzas de oro como reservas probables, según datos de El Inversor Energético. La cotización del metal se eleva junto con la presión sobre las comunidades. «Los expertos de JP Morgan prevén que su tasación se afirme en torno a los 1.000 dólares por onza durante los próximos dos ejercicios», señala la misma publicación. No es de extrañar, entonces, la virulencia de los mineros contra la Asamblea de Famatina, que les impide el paso hacia el Cerro. Descalifican a sus integrantes como «perturbadas», debido a que la mayoría son mujeres.
Y lo que perturba a los asambleístas es el «open pit» o tajo abierto, un enorme hueco en la montaña con forma de caracol que se extiende hasta unos 500 metros de profundidad, tiene varias hectáreas de ancho e implica la remoción diaria de toneladas de roca para extraer oro, cobre y molibdeno, entre los minerales declarados. Estos metales «están asociados con otros minerales y la exportación de los mismos es a través de declaraciones juradas» explica Burucua, sin que exista un control sobre «el tipo y cantidad de minerales extraídos y exportados».
Los metales son separados de la roca mediante cianuro, ácido sulfúrico o arsénico –según se trate de cobre, oro o plata–, sustancias que se vuelcan por miles de litros para lograr la concentración del mineral. El agua contaminada se deposita en un dique de cola que funciona como basurero y es el foco de múltiples denuncias por provocar drenajes ácidos que filtran a las napas de agua y extienden la contaminación hacia los cursos de agua para consumo humano y agrícola. Montenegro explica que «estos drenajes son la peor amenaza de la minería. Aumentan el contenido de sulfatos y solubilizan (disuelven) metales pesados, facilitando su dispersión aguas abajo». Se trata de derrames por fuera de los diques que llevan el poético nombre de plumas contaminantes. Apenas en Pascua Lama, un megaemprendimiento binacional con Chile, cada gramo de oro implica la remoción de 4 toneladas de roca, 380 litros de agua, 840 gramos de cianuro, 1.104 gramos de explosivos, 43,6 kilowatts por hora de electricidad, detalla Marcelo Giraud, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea del Gran Mendoza por el Agua.
En su trabajo Minería y sustentabilidad, la abogada Burucua recuerda que «el primer estudio de impacto ambiental del proyecto Pascua Lama, del lado chileno, omitió la existencia de tres glaciares aledaños al yacimiento. Luego de una gran movilización y reclamo de la comunidad del Valle del Huayco, la empresa presentó un segundo estudio que contemplaba el traslado y reubicación de los cuerpos de hielo Esperanza, Toro 1 y Toro 2». Sin bien la propuesta de la empresa de trasladar tres glaciares «no fue aceptada por el Estado chileno, el solo hecho que Barrick Gold haya propuesto esa práctica como alternativa es más que alarmante. Nos dice mucho del respeto que sus miembros o técnicos tienen por la naturaleza y sus componentes».
Con respecto al agua, el volumen que utiliza la minería oculta lo que se conoce como «huella hídrica» y no se calcula en el costo ambiental del mineral extraído. «Es un indicador del uso directo e indirecto del agua. En el caso de la minería, es el volumen de agua empleada en la extracción y procesamiento del mineral y el desecho de la misma (ya contaminada)», señala el investigador Gian Carlo Delgado Ramos en el artículo «Minería, medio ambiente y pueblos», publicado en la revista Realidad Económica. Aunque la huella hídrica no figure en los balances, las paredes y las remeras la recrearon a través de la leyenda «El agua vale más que el oro».
Norma Giarraca, socióloga y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales, habla de «saqueo» como forma de producción de la minería extractiva. «No lo digo como un juicio de valor. Este modelo funciona como el modelo sojero. Ya no hay producción de alimentos sino commodities, se cotiza en bolsa, con gran influencia del capital financiero, se expulsa mano de obra, se concentra la propiedad. Se le saca todo lo que se puede a la tierra, a la naturaleza, y después migran a otro lado».
A raíz de los cateos mineros, se acercó a las asambleas ciudadanas de la UAC Pedro Orieta, joven abogado integrante de la organización Práctica Alternativa del Derecho, que colabora con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. «Nuestro conflicto sólo abarcaba el tema tierras y no tenía nada que ver con la contaminación ni con la minería». Hasta que la dirección de Minería de Santiago les notificó a unas 200 familias del departamento de Guasayán, en un críptico lenguaje legal, que la empresa Bolland Minera «manifiesta el descubrimiento de oro diseminado» en una propiedad de 43 hectáreas, «por lo que de acuerdo al Código de Minería de la Nación, se dispone de 30 días a fin de que comparezcan todos los que con algún derecho se creyeren, a deducirlo». Pero la realidad es otra para las familias campesinas del lugar. «No son titulares de dominio, son poseedoras, algo que el Código de Minería no contempla. Se notifica a los propietarios y técnicamente estas familias no lo son, viven de generación en generación en distintos lugares de la provincia. Siembran y crían ganado a campo abierto, sin alambres. No hay delimitaciones claras sobre los lotes y tienen una cierta organización y acuerdos implícitos mediante los cuales ocupan zonas según la época del año, o porque los animales de una familia van a pastar ahí». En semejante contraste entre las normas y la realidad, «al no tener títulos de propiedad, cualquiera puede escriturar para desalojarlos. Esto, cuando se hace de manera legal», explica Orieta.
Contra los pueblos
Estas circunstancias han llevado a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, a impulsar la incorporación de los delitos ambientales dentro del Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas. «Se busca la reforma del Estatuto de Roma para incluir en el tratamiento de crímenes contra los pueblos la contaminación, la destrucción del ambiente, de la biodiversidad y el uso irracional del agua, que está provocando grave daño a las comunidades para sancionar tanto a las empresas como a los gobiernos». Pérez Esquivel señala que «hoy los pueblos estamos en un estado de indefensión jurídica» y que en lo inmediato «hay que pedir la destitución de José Perea de su cargo como intendente de Andalgalá y abrir una causa penal por amenazas de muerte». Tras el conflicto con Meridian Gold en Esquel, se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá debido al origen de los capitales mineros en ese yacimiento. «Me contestaron que resuelva este problema con mi gobierno, porque las empresas van donde les conviene –relata–. No hacen caridad. Las leyes de Minería sancionadas durante el menemismo realmente son una aberración. Se llevan el 97% de los recursos, dejan devastación del ambiente, contaminación del agua y enfermedades y destrucción del pequeño y mediano productor rural».
Aunque la creciente presión de las poblaciones generó en siete provincias la sanción de normas que prohíben la minería a cielo abierto, Pérez Esquivel se refiere al paquete de leyes mineras que incluye la ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería, el Acuerdo Federal Minero y ley de Protección Ambiental. Entre otros beneficios, esta extraordinaria legislación permite a las mineras deducir el 100% del pago de ganancias por inversiones en prospección, exploración, estudios de suelos, ensayos y demás actividades destinadas a determinar la factibilidad de un emprendimiento. No deben liquidar divisas en el país. Gozan de amortización para las inversiones de capital. Están eximidas del impuesto al cheque. Cuentan con estabilidad fiscal por 30 años (en Perú el período es de 15 años y en Honduras es de 10). No pagan derechos por importación u otros tributos por la introducción de bienes de capital, equipos, repuestos y accesorios (las empresas alegan que estos insumos no se fabrican en el país).
La propia interesada realiza el cálculo de las regalías –que no pueden superar el 3% de las ganancias– mediante declaración jurada por el valor a boca de mina. Se les devuelve el IVA para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura en un plazo máximo de 60 días. Si exportan por puertos patagónicos, gozan de reembolsos estatales de un 5% como mínimo. Además, la Nación y las provincias productoras acordaron tomar medidas para evitar distorsiones en las tarifas de energía eléctrica, gas y combustibles que pudieran afectar la actividad minera, según un relevamiento del abogado ambientalista Enrique Matías Viale para la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería.
Durante una audiencia en el Congreso Nacional realizada tras el veto de la ley de Protección de Glaciares, el ingeniero Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros de San Juan, principal provincia minera del país, señaló: «En nuestra actividad hemos crecido en las exportaciones de uva, vino, pasas, y pagábamos todos los impuestos. En consecuencia, dennos las condiciones que le dan a la actividad minera metalífera y nosotros ponemos a riego por goteo a todo San Juan». Ramos apeló a una cita de un gobernador peronista, «gobernar es regar», y explicó que «toda el agua de San Juan está distribuida por ley. Cada productor tiene una cuota que no alcanza para regar toda la superficie que poseemos. Incluso, muchos de nosotros debemos perforar 330 metros para extraer el agua y así poder regar en zonas que no cuentan con derechos, pero este recurso también escasea». El viñatero expresó que la provincia cuenta con «un 25% de la tierra cultivable, que se puede regar, pero hay más de 400.000 hectáreas que no tienen agua. Existen kilómetros de desierto y no de montaña. Entonces, el argumento según el cual hay que explotar las montañas porque si no San Juan no es sustentable, también ha traído aparejado que se hayan aplicado políticas para que nuestra actividad no sea sustentable».
Yenny Luján, de La Rioja, dice que «con el tiempo entendimos que a las mineras no les interesa la licencia social. Les dijimos que no con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con ordenanzas y con leyes, y no les importa. Siguen avanzando y no van a parar hasta que nos hagan desaparecer, lo que nos ubica en un lugar de protección de nuestro territorio, entendido mucho más allá de la tierra. No vamos a conseguir que se vayan, porque para ellos son importantes los recursos naturales, la tierra y agua. Entonces, nuestra resistencia intenta la construcción de poder popular a partir de la autodeterminación». Por si la consigna «El Famatina no se toca» no fuera suficiente, esta menuda maestra riojana aclara: «O son ellos o somos nosotros. Nos han puesto en ese lugar».
Victoria Richter
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miércoles, 21 de abril de 2010
Pastas de Botnia.
Y ayer falló el Tribunal de La Haya en el tema Botnia. Yo no se si esa planta realmente contamina o no. Unos dicen una cosa y otros otra. Pero estaría bueno que tambien nos preocuparamos un poco mas por lo que ocurre dentro de nuestras fronteras. En el Río de la Plata, el Reconquista o el Riachuelo, los basurales que hay en el Conurbano, las mineras que están haciendo un desastre en la Cordillera de los Andes, el glifosato que usan para la soja y envenena todo, nuestras propias papeleras, etc
Si no es como aquel que se queja de la basura que produce su vecino cuando es el doble de mugriento.
Si no es como aquel que se queja de la basura que produce su vecino cuando es el doble de mugriento.
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