Luego de la independencia de Inglaterra, de la 'Unión Sudafricana' en 1910, siguió un período de unas tres décadas en el que el poder fue compartido, no sin dificultades, entre ambos grupos de descendientes hasta los años 1940 cuando el Partido Nacionalista Afrikaner pudo obtener, y mantener por muchos años, una fuerte mayoría en el gobierno.
Los estrategas del Partido Nacionalista inventaron el apartheid como una manera de asegurarse el control sobre el sistema político, social y económico de la nación. El objetivo inicial era mantener la dominación blanca y extender la separación racial. Hacia los años '60 comenzó el llamado 'Grand Apartheid' que enfatizó la separación territorial y la represión policial.
Con la sanción de las leyes del apartheid, luego del triunfo electoral del Partido Nacionalista, se institucionalizó la discriminación racial. Las leyes raciales abarcaron todos los aspectos de la vida social, incluyendo la prohibición del matrimonio y las relaciones sexuales entre blancos y no-blancos y la clasificación de algunos trabajos como 'exclusivos para blancos'.
Hacia 1950 la Ley de Registro Poblacional (Population Registration Act) requirió que todos los sudafricanos fueran clasificados racialmente dentro de una de las tres categorías siguientes: blanco, negro o 'coloreado' (de ascendencia mixta). La categoría de 'coloreados' incluía mayores subgrupos que abarcaban a indios (de India), asiáticos (pero no japoneses que eran considerados blancos ni chinos y malayos que encuadraban en otros subgrupos), chinos y malayos del cabo. Lo mismo ocurrió con los negros, africanos o bantúes con subgrupos que referían a sus grupos de origen como Basotho, Zulu, Xhosa, Tswana, Ndebele, etc.
La clasificación se basaba en la apariencia, aceptación social y ascendencia. Por ejemplo, un blanco era definido como 'en apariencia obviamente una persona blanca o generalmente aceptada como una persona blanca'. Esa determinación tomaba en cuenta sus 'hábitos, educación, discurso, conducta social y actitud' y nunca sería considerado blanco si alguno de sus ascendientes no lo era. Una persona negra debía ser, o ser aceptada como, miembro de una tribu africana y una persona 'coloreada' era alguien que no encuadraba en las dos categorías anteriores. El Departamento de Asuntos Internos (Department of Home Affairs) era responsable de esta clasificación a través del Ente de Clasificación Racial (Race Classification Board). No cumplir con las leyes raciales implicaba ser tratado con la máxima dureza legal.
En 1951 la Ley de Autoridades Bantúes (Bantu Authorities Act) estableció las bases para el gobierno étnico de la 'reservas' africanas, conocidas como 'homelands' ('tierra de nacimiento o tierra madre'). Estos 'homelands' eran estados independientes al que eran asignados los africanos de acuerdo a su ficha de origen, la que muchas veces era incorrecta. De esa manera todo acto político, especialmente el voto, fue restringido a la esfera del homeland al que fuera asignado, perdiendo la ciudadanía sudafricana y todo derecho a verse involucrado en actividades parlamentarias sudafricanas pese a que el Parlamento mantenía una completa hegemonía sobre los homelands. Todas las personas negras fueron obligadas a llevar el 'pass book', una suerte de documento de identidad que agregaba su clasificación racial, impresión digital e información sobre su autorización para acceder a determinadas áreas blancas, generalmente por causas laborales.
Pese a la oposición más de nueve millones de negros fueron privados de la ciudadanía sudafricana y obligados a un nuevo domicilio dentro de los homelands asignados. Durante la misma década se aprobaron leyes de seguridad pública que endurecieron las penas y la represión de las actividades consideradas peligrosas a los intereses y leyes blancas. Las penalidades incluían multas, cárcel y castigos corporales como latigazos.
En 1960 se produjo la primera gran oposición al sistema en Sharpeville. Un gran número de negros se negó al uso de los 'pass books' y el gobierno, amparado en las leyes de seguridad pública, declaró el estado de emergencia que se prolongó por 156 días y dejó un saldo de 69 muertos y 187 heridos.
Las penalidades que se impusieron a las protestas políticas luego de Sharpeville, aún las pacíficas, fueron muy severas. Cualquiera podía ser detenido hasta por seis meses sin ser enjuiciado. El solo hecho de arengar pacíficamente contra las leyes del apartheid finalizaba en la detención del orador y los presentes. Muchos, como Nelson Mandela, fueron sentenciados a cadena perpetua y muchos murieron por la imposición de la pena de muerte pero, muchos más, miles, perdieron su vida a causa de torturas salvajes mientras permanecían detenidos o durante las cruentas represiones policiales.
Cadáveres yacen después de la matanza de Sharpeville, Sudáfrica
[1].jpg)
