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jueves, 26 de febrero de 2009

Parece mentira, ya se va una decada

Parece mentira. Hablando de tiempo. Ya estamos en 2009. Pensar que no hace mucho se hablaba de la llegada del 2000. De que en este nuevo milenio iban a haber autos que vuelan, algunos pronosticaban el fin del mundo, otros decian que el efecto y2k iba adañar todas las computadoras. Sin embargo nada de eso ocurrio.


Y que pasaba en los '90
























































Buenos Aires, 4 sep (EFE).- El cineasta argentino Fernando "Pino" Solanas continúa su serie de documentales sobre el país con "Próxima estación", que se estrena hoy en Buenos Aires y analiza el deterioro del sistema ferroviario tras la privatización del servicio, así como las funestas consecuencias para la población.
El documental culpa del "ferrocidio" al ex gobernante Carlos Menem y acusa al matrimonio Kirchner, compuesto por el ex mandatario Néstor Kirchner y su esposa, la actual presidenta, Cristina Fernández, de no ser capaz de reflotar el sistema ferroviario, algo que para el director "es una urgencia económica y una batalla cultural".
El Gobierno de Menem (1989-1999) se cebó en las privatizaciones, especialmente con el gremio ferroviario.
En la década de los noventa esa política provocó 85.000 despidos, el cierre de unas 800 estaciones de tren, lo que convirtió a sus respectivas localidades en pueblos fantasma, y obligó a casi un millón de personas a emigrar a los suburbios de las grandes ciudades.
Además, al suprimirse el 80 por ciento de los trenes, el transporte de cargas y pasajeros pasó a las carreteras, que se saturaron y registraron drásticos aumentos de accidentes de tránsito.
Es el panorama que presenta el director argentino en su nuevo documental, que continúa con la serie abierta en 2004 con "Memoria del saqueo", un trabajo sobre las consecuencias de la crisis económica y social de 2001 en el país.
Después, Solanas se dedicó a plasmar las pequeñas victorias y hazañas cotidianas de "los nadies" en "La dignidad de los nadies" (2005), y las grandes obras de ingenieros, técnicos y físicos argentinos en "Argentina latente" (2007).
Con "Próxima estación", el director retoma su visión costumbrista de Argentina para denunciar, mediante imágenes de archivo, entrevistas y reflexiones personales, el deterioro y abandono del "único transporte que puede llegar a destino en las peores condiciones climáticas".
"Es el medio de transporte más seguro, menos contaminante y más económico, y es de ocho a 10 veces más barato que el transporte automotor", defiende Solanas en una carta a los lectores publicada en su página web.
Argentina tiene hoy una red ferroviaria de unos 7.000 kilómetros, frente a los 27.600 kilómetros ofrecidos en concesión en la década de los años 90, con la privatización de Ferrocarriles Argentinos.
En 1948, en su máximo esplendor, la empresa estatal administraba unos 47.000 kilómetros de vías férreas.
Un pueblo nacido y detenido por la explotación minera

La historia oficial dice que Sierra Grande fue creada en 1890, para atender a los ganaderos y visitantes de la zona. Y que en 1944 se descubrieron yacimientos de hierro en sus alrededores.
Pero la historia grande de Sierra Grande empezó a esciribirse en 1969, cuando la empresa Hipasam SA se instaló allí y comenzó a realizar la explotación de hierro. Era una empresa del Estado, y durante más de 20 años hizo florecer a este poblado del sureste de la provincia de Río Negro. Tanto, que llegó a convertirse en la mina de hierro más grande de Sudamérica. Sus 96 kilómetros de túneles y más de 500 metros de profundidad daban trabajo a miles de habitantes.
Sin embargo, la época floreciente para esta empresa se acabó y con ella, también la vida del pueblo. En 1991, y en un cambio de la política económica, el gobierno nacional de turno decició mediante un Decreto Presidencial sellar su cierre. A partir de allí, la incertidumbre se adueñó del lugar y la emigración de los habitantes llegó a convertirlo casi en un pueblo fantasma. Afortunadamente, no llegó a matarlo.




Con el proceso de hiperinflación de 1989 se profundiza el declive del gobierno radical, otorgándole el triunfo electoral a su contrincante, el partido justicialista. En el siguiente gobierno, por una parte, se implementa un discurso sostenido en la promesa de combatir la inflación, aumentar los salarios e impulsar una revolución productiva que permita levantar las persianas de las fábricas, eliminando así los problemas del desempleo. Por otra parte, se desarrolla una política de cooptación de la dirigencia político-partidaria y sindical, con el objeto de neutralizar la capacidad organizativa y de movilización de los sectores populares. En ese contexto, a comienzos de 1991, se implanta el Plan de Convertibilidad (Se fija por ley que un peso equivale a un dólar), la apertura total de la economía y la privatización de las empresas y los servicios estatales (Quintar y Argumedo. 2000).
Como consecuencia de la racionalización del empleo que acompaña a la reestructuración industrial y la privatización de empresas públicas llevada adelante por este modelo económico, durante la década de 1990 el primer shock de desempleo tiene lugar en el sector público donde se produce una pérdida de 600.000 puestos de trabajo. Asimismo, el sector industrial pierde otros 200.000 puestos durante los últimos 5 años del período, debido a la apertura económica externa (Borello y otros. 2000). Así, a pesar del aumento del Producto Bruto Interno (PBI) que se verificó hasta el año 1999 –fecha en que este comenzó a declinar dando lugar a una recesión que se mantiene hasta la actualidad– durante esa década se produjo una destrucción de puestos de trabajo, un aumento del desempleo abierto y, en particular, de la subocupación y precarización de las condiciones de trabajo.
De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2000) la suma de las tasas de desempleo y subempleo –que dan cuenta de la proporción de la población económicamente activa con problemas laborales– pasó del 18 por ciento, en 1990, al 27 por ciento, en 1998. A su vez, en el último quinquenio de los noventa cayeron los ingresos del 90 por ciento de los trabajadores a pesar de que el 80 por ciento de ellos estaba recibiendo un salario inferior a la canasta familiar, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Por otra parte, según la misma fuente, la proporción de trabajadores asalariados en condiciones precarias (carentes de estabilidad laboral, aportes jubilatorios y prestaciones sociales) creció en esa década de un 25 por ciento a un 36 por ciento, hecho por el cual a comienzos de 1998 la proporción de hogares bajo la línea de pobreza alcanzó también un 36 por ciento.
Este proceso, a su vez, fue acompañado por un progresivo aumento de la brecha entre ricos y pobres, como producto de la mantenida distribución regresiva del ingreso (Altimir y Beccaria. 1998).
En la última década, la transformación en la composición del empleo, asociada a un significativo crecimiento del desempleo y del subempleo, también afectó significativamente a la población de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA),







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La ciudad cordobesa de Río Tercero conmemorará hoy los ocho años de la explosión de la fábrica militar que el 3 de noviembre de 1995 mató a siete vecinos e hirió a centenares de ellos, cuando faltan pocos días para que se conozca un peritaje oficial que indicaría que los estallidos fueron provocados y no accidentales.
Cuatro peritos oficiales de la Universidad de Córdoba y dos peritos de las partes tienen a su cargo la redacción del informe final en el que se analizan las pruebas realizadas en el polígono de Serrezuela entre el 15 y el 17 de septiembre pasado.
Las pruebas de Serrezuela no dejaron lugar a dudas sobre el origen intencional de la explosión.
La fábrica de Río Tercero fue el sitio donde se embalaron en contenedores las armas del Ejército contrabandeadas a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995, por medio de tres decretos secretos firmados por el ex presidente Carlos Menem y sus ministros.
La explosión de 1995 ocurrió cuando la Justicia avanzaba en la investigación del contrabando de armas y los investigadores empezaban a colocar la fábrica bajo la lupa.
Ayer, el diario La Voz del Interior adelantó que el peritaje oficial descartaría el accidente y confirmaría que el siniestro fue planificado.
Consultada por LA NACION, Ana Gritti, querellante de la causa y viuda de una de las víctimas, expresó que aún faltan entre diez y quince días para que los peritos entreguen el dictamen.
"A partir de lo que pudimos ver en las pruebas, yo no tengo dudas de que se descartó totalmente la tesis del accidente, que tanto se quiso defender durante estos ocho años", opinó.
Gritti agregó que en Serrezuela también pudo confirmarse que las explosiones fueron dirigidas mediante contraexplosiones simultáneas. "Esto explica por qué el ángulo de la onda expansiva se abrió sobre la ciudad y no sobre el sector químico de la fábrica."
El peritaje de Serrezuela fue ordenado por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, que el año próximo tiene que realizar el juicio oral a cinco ex directivos de Fabricaciones Militares, tres de ellos militares.
Puesto que la causa está caratulada como estrago culposo y los cinco acusados sólo están imputados de negligencia, si el dictamen confirma que no hubo accidente, sino una fría planificación, habrá que recaratular la causa como homicidio.





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