Nuestra captura marina al borde del colapso
31 de Marzo de 2010 · Por Nuestromar.org*
Todos los indicadores rebelan el abuso de un recurso que declina o se agota aceleradamente.
A pesar de que los informes científicos revelan que en los últimos veinte años desapareció el 80% de la población adulta de merluza, las autoridades nacionales habilitaron a la pesca casi 300.000 toneladas, una cifra que coloca al principal recurso pesquero de la Argentina en una zona de riesgo
Considerada como la especie ictícola más difundida en nuestro país, la merluza tuvo esta semana un pico de popularidad cuando la mismísima Presidenta se ocupó de promocionar la puesta en marcha del programa Pescado para todos comprando 750 gramos de filetes frescos en el mostrador de un puesto ambulante.
El nombre de la iniciativa estatal -Pescado para todos- no podría ser más elocuente en un año como éste, en el que las autoridades permitirán pescar casi 300.000 toneladas de merluza común, a pesar de que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), el organismo científico encargado de asesorar a las autoridades, sugirió una cifra bastante menor para un contexto como el actual: no más de 210.000 toneladas.
Y el actual es un contexto sumamente delicado. De hecho, el propio Inidep reconoció por primera vez en un documento oficial difundido en diciembre último la práctica de maniobras como la subdeclaración de lo pescado (es decir, pescar más de lo permitido y declarar la diferencia como otra especie), así como el descarte en alta mar de ejemplares cuando se pescan otras especies. El documento, incluso, estima cifras: las subdeclaraciones rondarían el 30 por ciento de lo desembarcado y los descartes oscilarían entre las 50.000 y las 60.000 toneladas.
El efecto que estas dos prácticas han tenido sobre la población del principal recurso pesquero nacional es alarmante. La fundación Vida Silvestre analizó en detalle el informe técnico antes mencionado -el 46/09- y elaboró un Informe de Análisis, al que LA NACION accedió en forma exclusiva. De allí se desprenden algunas conclusiones preocupantes, entre ellas, que en los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y un 80% de los especímenes adultos. Esto último, dicho de otra manera, significa que de diez ejemplares, hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil.
Dada la situación actual, los juveniles son fundamentales para la continuidad del recurso en la medida en que logren crecer y reproducirse. Pero en los hechos parece que están resultando fundamentales para la industria. El documento del Inidep indica que en 2008 del total de desembarques declarados, el 61% eran ejemplares juveniles, cuando en 2007 habían representado el 37% del total.
En 2008 todavía era obligatorio utilizar dispositivos de selectividad en las redes para evitar justamente la captura de merluzas juveniles. Si así y todo el porcentaje de juveniles pescados fue tan amplio, ¿qué efecto pudo haber tenido sobre ellos la suspensión de los dispositivos de selectividad que rige desde principios de 2009? Es un misterio. De todas formas, el 6 de diciembre último, por medio de la resolución 28/09, el Consejo Federal Pesquero estableció la captura máxima permisible de merluza común en 290.000 toneladas. La cifra no es antojadiza: blanqueadas las prácticas de descarte y subdeclaración, se sumó su equivalente en toneladas a la recomendación de 210.000 que hace el Inidep.
"De las alternativas recomendadas por el Inidep (...) para determinar la captura máxima permisible de estas especies, se ha optado por las que más se acercan a conciliar las necesidades de conservación del recurso con el sostenimiento de la actividad de las empresas del sector (...)", puede leerse en los considerandos de la resolución.
El subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, está convencido de que la industria está en condiciones de pescar más de 210.000 toneladas. "Tenés 210.000 toneladas para pescar sin cumplir ningún requisito. Nosotros estamos poniendo en funcionamiento los requisitos, o sea, que teóricamente nosotros vamos a cumplir con las 292.000 toneladas porque hemos puesto en marcha el sistema de selectividad. O sea, vamos a usar el sistema a partir del 1° de abril, quiere decir que estamos cumpliendo con los parámetros", explica con un singular razonamiento.
Sin embargo, desmiente la resolución del Consejo Federal Pesquero (órgano encargado de determinar la captura máxima permisible) y asegura que hasta mediados de año no se sabrá cuánto es el máximo permitido para pescar. Explica que utilizó la cifra de 290.000 toneladas sólo para poner en marcha el sistema de cuotas, un mecanismo que busca ordenar la industria pesquera asignando porcentajes de pesca anuales a cada barco.
"Yo hice un corte en un momento y dije: ´¿Cuántas toneladas en una situación normal de pesquería puedo cuotificar?´. Me dijeron 300.000. No uso todo. De las 260.000 que tenía el año anterior voy a un punto intermedio. Me puedo arriesgar a cumplirlo. Pero la flota no va a pescar eso. Yo este año tengo que decidir cuánto voy a habilitar a pescar. Yo usé ese número para darle un porcentaje a cada barco. No quiere decir que eso es lo que vayan a pescar. ¿Qué pasa si yo autorizo 250.000 este año, o 100.000?", cuestiona.
Pesca legal para la UE
Ni el informe del Inidep ni la resolución del Consejo Federal Pesquero mencionan que las 290.000 toneladas sean una cifra puramente teórica. Más bien, el Inidep recomienda que para poder pescar esa cantidad es necesario implementar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar sobrepesca y descartes. Sin embargo, hasta el momento se han implementado parcialmente y las que faltan son decisivas, sobre todo, porque a partir de este año la Unión Europea sólo importará productos pesqueros de países que puedan garantizar su pesca legal.
"La resolución de la UE es una espada de Damocles sobre la industria pesquera local porque ése es el destino de 53% de las exportaciones. Pero las medidas de control hasta ahora hacen foco en lo que llega al puerto y no en cómo se pescó. Los barcos continúan pescando en las mismas condiciones que antes. Hasta ahora no hay garantías concretas de que las cosas estén mejor", se lamenta Guillermo Cañete, de la Fundación Vida Silvestre.
Con él coincide Armando Abruza, diputado bonaerense por la Coalición Cívica y ex asesor del Inidep, quien, preocupado por la particular metodología utilizada para determinar la captura máxima permisible de este año hace una comparación provocativa: "Mi mayor temor es que Norberto Yauhar sea para el Inidep lo que Guillermo Moreno es para el Indec", alerta.
"Por primera vez se incorporan estimaciones de descarte y subdeclaración a pedido de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -continúa-. La solicitud se fundamenta en que, al aplicar las medidas solicitadas por la UE a partir de enero de este año, disminuiría significativamente la subdeclaración. Pero, ¿cómo puede saberse de antemano el efecto que tendrán esas medidas?", se pregunta en diálogo con LA NACION. Para el empresario pesquero y director de la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, Ciro D´Antonio, la distribución de las 290.000 toneladas mediante el sistema de cuotas sólo ha servido para transparentar la actividad de buques que pescaban con permisos precarios. "La cuotificación blanqueó las irregularidades, otorgando permisos a barcos que no los tenían o los tenían mal habidos. Pero la verdad es que no es posible pescar tal cantidad de pescado. Y si no alcanza para todos, habría que haber sacado a los ilegales", opina.
En 1994, cuando Felipe Solá estaba al frente de la entonces Secretaría de Pesca, el Estado selló un acuerdo con la Unión Europea que permitió el ingreso de buques europeos para renovar la flota local. Lo cierto es que lo único que se logró es incrementarla ya que, en rigor, numerosos buques locales continuaron pescando en lugar de ceder su permiso y dejar de operar. Años después, en 2000, un equipo de la Facultad de Derecho de la UBA realizó una auditoría sobre los permisos de pesca de cada barco y detectó enormes irregularidades cometidas en aquella época. Sin embargo, ningún organismo investigó aquellas conclusiones.
Con una flota pesquera sobredimensionada (hoy la integran más de 700 buques) hay quienes, como Ernesto Godelman, director del Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable, arriesgan otra hipótesis acerca del establecimiento de una captura máxima permisible de 290.000 toneladas que, dadas las actuales condiciones, pondría al recurso en un escenario de alto riesgo: "Con 210.000 no alcanzaba para que cada buque fresquero hiciera dos viajes promedio por mes", afirma con contundencia. Sean cuales sean los motivos, una cosa es cierta: con el 80% de su población adulta desaparecida y los juveniles desprotegidos, el principal recurso pesquero de nuestro país requiere medidas concretas de control de la actividad pesquera para no convertirse en una especie en extinción. Y sin pescado no hay pesca posible. Ni pescadores.
Lorena Oliva
31 de Marzo de 2010 · Por Nuestromar.org*
Todos los indicadores rebelan el abuso de un recurso que declina o se agota aceleradamente.
A pesar de que los informes científicos revelan que en los últimos veinte años desapareció el 80% de la población adulta de merluza, las autoridades nacionales habilitaron a la pesca casi 300.000 toneladas, una cifra que coloca al principal recurso pesquero de la Argentina en una zona de riesgo
Considerada como la especie ictícola más difundida en nuestro país, la merluza tuvo esta semana un pico de popularidad cuando la mismísima Presidenta se ocupó de promocionar la puesta en marcha del programa Pescado para todos comprando 750 gramos de filetes frescos en el mostrador de un puesto ambulante.
El nombre de la iniciativa estatal -Pescado para todos- no podría ser más elocuente en un año como éste, en el que las autoridades permitirán pescar casi 300.000 toneladas de merluza común, a pesar de que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), el organismo científico encargado de asesorar a las autoridades, sugirió una cifra bastante menor para un contexto como el actual: no más de 210.000 toneladas.
Y el actual es un contexto sumamente delicado. De hecho, el propio Inidep reconoció por primera vez en un documento oficial difundido en diciembre último la práctica de maniobras como la subdeclaración de lo pescado (es decir, pescar más de lo permitido y declarar la diferencia como otra especie), así como el descarte en alta mar de ejemplares cuando se pescan otras especies. El documento, incluso, estima cifras: las subdeclaraciones rondarían el 30 por ciento de lo desembarcado y los descartes oscilarían entre las 50.000 y las 60.000 toneladas.
El efecto que estas dos prácticas han tenido sobre la población del principal recurso pesquero nacional es alarmante. La fundación Vida Silvestre analizó en detalle el informe técnico antes mencionado -el 46/09- y elaboró un Informe de Análisis, al que LA NACION accedió en forma exclusiva. De allí se desprenden algunas conclusiones preocupantes, entre ellas, que en los últimos 20 años desapareció el 70% del total de la población de merluza y un 80% de los especímenes adultos. Esto último, dicho de otra manera, significa que de diez ejemplares, hoy sólo dos llegan a la adultez porque el resto es pescado cuando todavía se halla en el estadio juvenil.
Dada la situación actual, los juveniles son fundamentales para la continuidad del recurso en la medida en que logren crecer y reproducirse. Pero en los hechos parece que están resultando fundamentales para la industria. El documento del Inidep indica que en 2008 del total de desembarques declarados, el 61% eran ejemplares juveniles, cuando en 2007 habían representado el 37% del total.
En 2008 todavía era obligatorio utilizar dispositivos de selectividad en las redes para evitar justamente la captura de merluzas juveniles. Si así y todo el porcentaje de juveniles pescados fue tan amplio, ¿qué efecto pudo haber tenido sobre ellos la suspensión de los dispositivos de selectividad que rige desde principios de 2009? Es un misterio. De todas formas, el 6 de diciembre último, por medio de la resolución 28/09, el Consejo Federal Pesquero estableció la captura máxima permisible de merluza común en 290.000 toneladas. La cifra no es antojadiza: blanqueadas las prácticas de descarte y subdeclaración, se sumó su equivalente en toneladas a la recomendación de 210.000 que hace el Inidep.
"De las alternativas recomendadas por el Inidep (...) para determinar la captura máxima permisible de estas especies, se ha optado por las que más se acercan a conciliar las necesidades de conservación del recurso con el sostenimiento de la actividad de las empresas del sector (...)", puede leerse en los considerandos de la resolución.
El subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, está convencido de que la industria está en condiciones de pescar más de 210.000 toneladas. "Tenés 210.000 toneladas para pescar sin cumplir ningún requisito. Nosotros estamos poniendo en funcionamiento los requisitos, o sea, que teóricamente nosotros vamos a cumplir con las 292.000 toneladas porque hemos puesto en marcha el sistema de selectividad. O sea, vamos a usar el sistema a partir del 1° de abril, quiere decir que estamos cumpliendo con los parámetros", explica con un singular razonamiento.
Sin embargo, desmiente la resolución del Consejo Federal Pesquero (órgano encargado de determinar la captura máxima permisible) y asegura que hasta mediados de año no se sabrá cuánto es el máximo permitido para pescar. Explica que utilizó la cifra de 290.000 toneladas sólo para poner en marcha el sistema de cuotas, un mecanismo que busca ordenar la industria pesquera asignando porcentajes de pesca anuales a cada barco.
"Yo hice un corte en un momento y dije: ´¿Cuántas toneladas en una situación normal de pesquería puedo cuotificar?´. Me dijeron 300.000. No uso todo. De las 260.000 que tenía el año anterior voy a un punto intermedio. Me puedo arriesgar a cumplirlo. Pero la flota no va a pescar eso. Yo este año tengo que decidir cuánto voy a habilitar a pescar. Yo usé ese número para darle un porcentaje a cada barco. No quiere decir que eso es lo que vayan a pescar. ¿Qué pasa si yo autorizo 250.000 este año, o 100.000?", cuestiona.
Pesca legal para la UE
Ni el informe del Inidep ni la resolución del Consejo Federal Pesquero mencionan que las 290.000 toneladas sean una cifra puramente teórica. Más bien, el Inidep recomienda que para poder pescar esa cantidad es necesario implementar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar sobrepesca y descartes. Sin embargo, hasta el momento se han implementado parcialmente y las que faltan son decisivas, sobre todo, porque a partir de este año la Unión Europea sólo importará productos pesqueros de países que puedan garantizar su pesca legal.
"La resolución de la UE es una espada de Damocles sobre la industria pesquera local porque ése es el destino de 53% de las exportaciones. Pero las medidas de control hasta ahora hacen foco en lo que llega al puerto y no en cómo se pescó. Los barcos continúan pescando en las mismas condiciones que antes. Hasta ahora no hay garantías concretas de que las cosas estén mejor", se lamenta Guillermo Cañete, de la Fundación Vida Silvestre.
Con él coincide Armando Abruza, diputado bonaerense por la Coalición Cívica y ex asesor del Inidep, quien, preocupado por la particular metodología utilizada para determinar la captura máxima permisible de este año hace una comparación provocativa: "Mi mayor temor es que Norberto Yauhar sea para el Inidep lo que Guillermo Moreno es para el Indec", alerta.
"Por primera vez se incorporan estimaciones de descarte y subdeclaración a pedido de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -continúa-. La solicitud se fundamenta en que, al aplicar las medidas solicitadas por la UE a partir de enero de este año, disminuiría significativamente la subdeclaración. Pero, ¿cómo puede saberse de antemano el efecto que tendrán esas medidas?", se pregunta en diálogo con LA NACION. Para el empresario pesquero y director de la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, Ciro D´Antonio, la distribución de las 290.000 toneladas mediante el sistema de cuotas sólo ha servido para transparentar la actividad de buques que pescaban con permisos precarios. "La cuotificación blanqueó las irregularidades, otorgando permisos a barcos que no los tenían o los tenían mal habidos. Pero la verdad es que no es posible pescar tal cantidad de pescado. Y si no alcanza para todos, habría que haber sacado a los ilegales", opina.
En 1994, cuando Felipe Solá estaba al frente de la entonces Secretaría de Pesca, el Estado selló un acuerdo con la Unión Europea que permitió el ingreso de buques europeos para renovar la flota local. Lo cierto es que lo único que se logró es incrementarla ya que, en rigor, numerosos buques locales continuaron pescando en lugar de ceder su permiso y dejar de operar. Años después, en 2000, un equipo de la Facultad de Derecho de la UBA realizó una auditoría sobre los permisos de pesca de cada barco y detectó enormes irregularidades cometidas en aquella época. Sin embargo, ningún organismo investigó aquellas conclusiones.
Con una flota pesquera sobredimensionada (hoy la integran más de 700 buques) hay quienes, como Ernesto Godelman, director del Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable, arriesgan otra hipótesis acerca del establecimiento de una captura máxima permisible de 290.000 toneladas que, dadas las actuales condiciones, pondría al recurso en un escenario de alto riesgo: "Con 210.000 no alcanzaba para que cada buque fresquero hiciera dos viajes promedio por mes", afirma con contundencia. Sean cuales sean los motivos, una cosa es cierta: con el 80% de su población adulta desaparecida y los juveniles desprotegidos, el principal recurso pesquero de nuestro país requiere medidas concretas de control de la actividad pesquera para no convertirse en una especie en extinción. Y sin pescado no hay pesca posible. Ni pescadores.
Lorena Oliva
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